“¿Por qué tanto miedo a que el pueblo lea?” es una de las tantas frases que conformaron los carteles, pancartas y mantas de gran cantidad de estudiantes universitarios y universitarias, en su mayoría, y de dueños y dueñas de locales dedicados al fotocopiado de libros y antologías durante una de las marchas organizadas por el movimiento "Fotocopiando para estudiar", en contra de la Ley de Propiedad Intelectual N°8039, que establecía penas de cárcel y altas sumas de dinero a quién o quiénes reprodujeran material protegido por el derecho de autor.

La ley formó parte del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, tratado que en Costa Rica suscitó un amplio debate de distintos sectores sociales, en torno a las posibles consecuencias perjudiciales del tratado en materia ambiental, social y económica.

El martes 1 de diciembre del 2009, dos años después del referéndum para decidir si Costa Rica ratificaba o no el tratado, el movimiento "Fotocopiando para estudiar" envió un comunicado al entonces presidente Óscar Arias Sánchez, presentando su preocupación sobre el futuro del fotocopiado a raíz de la ley. 

El tema del acceso a la información, la educación y la oportunidad de contar con material bibliográfico que en muchas ocasiones si no es mediante el fotocopiado no sería posible conseguir, puso en discusión las implicaciones de la Ley de Propiedad Intelectual en las dinámicas de educación universitaria en la que muchas y muchos estudiantes se encuentran inmersos. 

Entre las principales ideas que expuso el movimiento en el comunicado se destaca el papel que ha jugado la reproducción de obras académicas y literarias con fines educativos en la educación pública del país y las implicaciones económicas que surgen de tener que pagar sumas exageradas por material que no se consigue en el país o que está disponible solo en algunas librerías. 

Por supuesto, el tema del fotocopiado tiene muchos matices, sin embargo es evidente la relación que tiene con el tema de la cultura libre, en tanto existen alternativas que salvaguardan los aportes de autores y autoras, al mismo tiempo que permiten el acceso y apropiación de ese conocimiento por parte de muchas más personas.

Tal y como lo menciona Shaver (2011) "la vida cultural es algo que se alimenta de contribuciones individuales y de interacciones sociales que construyen un patrimonio colectivo. Aportar recursos y tomar recursos de la vida cultural en común es participación cultural." 

De manera que la participación de todos y todas dentro de la construcción de cultura se puede dar de una forma que concilie los derechos de autor, con el derecho humano al acceso a la cultura y a la información; ya que si la producción de conocimiento se da únicamente en un marco de generación de dinero y no en la posibilidad de crear espacios de discusión y apropiación de ese conocimiento, el resultado es el mantenimiento de un negocio y no la inclusión de la polifonía que existe en la sociedad dentro de los discursos y manifestaciones culturales de esa sociedad.